Por más de una década, Foro Nacional por Colombia (FNC) ha observado sistemáticamente las condiciones para la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones del sector extractivo. En el año 2025, en el marco del proyecto "Acción ciudadana para la transición energética en Colombia", se consolidó el Observatorio de la Gobernanza Minero Energética (OGME). Este observatorio amplía el enfoque tradicional hacia las nuevas discusiones sobre el abandono paulatino de los combustibles fósiles, la explotación de minerales estratégicos indispensables para la transformación tecnológica y la fragilidad del espacio cívico. Para el OGME, la gobernanza democrática debe basarse en prácticas reales de deliberación y concertación que garanticen el manejo transparente de las rentas y recursos en beneficio real de las comunidades.
Durante el año 2025, la economía colombiana registró un crecimiento del $2.6\%$, lo que representa una recuperación parcial respecto al año anterior, aunque se sitúa por debajo del promedio histórico de las últimas dos décadas ($3.5\%$). El dinamismo económico de este periodo no respondió a un fortalecimiento autónomo del aparato industrial o manufacturero, sino a estímulos temporales derivados del gasto público y del consumo de los hogares.
El sector extractivo mantuvo su rol dominante como generador de divisas e inversión extranjera, evidenciando las fuertes tensiones entre la dependencia fiscal del país y los desafíos urgentes que impone la transición energética justa.
La participación del sector extractivo en el PIB nacional ($3.41\%$) equivale a un valor agregado de COP $34.868$ miles de millones, del cual el $29.9\%$ corresponde a minería (COP $10.430$ miles de millones) y el $70.1\%$ a hidrocarburos (COP $24.438$ miles de millones). Al comparar el PIB minero con la vigencia anterior, se registró una disminución neta de COP $945$ miles de millones ($-8.3\%$). Por el lado de la Inversión Extranjera Directa (IED), Colombia experimentó una contracción general del $14.1\%$ (US$ 9,173$ millones totales), pero el sector minero-energético concentró US$ 6,961$ millones, reafirmando que las finanzas nacionales siguen fuertemente atadas al comportamiento de los Recursos Naturales No Renovables (RNNR).
| Recurso | Producción Registrada en 2025 | Estado de Reservas Certificadas (Años de Consumo) | Dinámica de Mercado y Precios Internacionales |
|---|---|---|---|
| Petróleo (Crudo) | Promedio de $746,402$ barriles diarios (disminución del $3.1\%$). El Meta aportó el $57\%$ de la producción nacional. | Ecopetrol registró $1,944$ MBPE de reservas probadas netas ($7.8$ años de vida media). | Precio promedio Brent se ubicó en $67.73$ USD/barril (resolución de la ANH), sufriendo una reducción interanual del $14.2\%$. |
| Gas Natural | Promedio anual de $794.57$ millones de pies cúbicos. Caída comercializada del $22.6\%$ en diciembre ($692.91$ MPCD). | Reservas probadas decayeron un $13\%$, reduciendo el horizonte de autosuficiencia nacional a solo $5.9$ años. | Casanare concentró más del $65\%$ de la producción nacional, seguido por La Guajira y Córdoba ($7\%$). |
| Carbón | Aproximadamente $46.9$ millones de toneladas (preliminar), mostrando una contracción operativa significativa. | No se han otorgado nuevos títulos de exploración térmica, en línea con la agenda climática. | Precio internacional cayó un $69\%$ desde 2022, promediando $86$ USD/tonelada. Contracción del PIB carbonífero del $7.4\%$. |
| Oro | $51.1$ toneladas de producción (caída de unas 4 toneladas frente a la vigencia anterior). | Aporte extraordinario de regalías por COP $587$ mil millones (crecimiento del $15.9\%$). | Precios históricos al alza por tensiones geopolíticas internacionales. Concentración de exportaciones creció un $36.8\%$. |
| Cobre | $974$ toneladas preliminares en bases de datos nacionales; contraste severo con la mina El Roble ($4,186$ toneladas). | Crítico para la infraestructura de transición. Vacíos de información dificultan el control fiscal. | Precios récord a nivel internacional de hasta $13,000$ USD/tonelada por la demanda de la Inteligencia Artificial. |
El sector energético cumple un rol fundamental a la hora de habilitar condiciones materiales mínimas para una vida digna. Durante el año 2025, el Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) nacional se situó en el $22.3\%$, lo que representa una reducción de dos puntos porcentuales en comparación con la vigencia anterior ($24.3\%$). Esta reducción responde a los esfuerzos focalizados por la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas.
A pesar de que el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE) nacional estimado por la UPME alcanzó el $93.12\%$ (con más de $17.9$ millones de viviendas interconectadas y una cobertura urbana del $98.71\%$), persisten graves desigualdades regionales. Cerca de $1.326.971$ viviendas continúan sin servicio formal de electricidad ($VSS$), localizadas predominantemente en áreas rurales y dispersas de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y la región Caribe.
⚖️ Las 10 Dimensiones de la Justicia Energética
El Ministerio de Minas y Energía adopta conceptualmente los siguientes criterios de justicia energética para el diseño de políticas de transición:
• Disponibilidad y Asequibilidad: Acceso a recursos de calidad con costos razonables para los hogares colombianos.
• Debido Proceso: Respeto estricto a los derechos humanos y ambientales en las zonas de generación.
• Transparencia: Acceso ágil a información veraz y participación vinculante en la toma de decisiones sectoriales.
• Justicia Intergeneracional e Intrageneracional: Acceso justo hoy salvaguardando los recursos para el futuro.
• Resistencia e Interseccionalidad: Combatir las injusticias reconociendo los enfoques de género, etnia y territorio.
El 1 de octubre de 2025, el Gobierno Nacional radicó formalmente ante el Congreso el Proyecto de Ley 282, con el fin de expedir una nueva Ley Minera. Esta iniciativa busca transformar la lógica de concesión privada impuesta por el Código de Minas vigente (Ley 685 de 2001) hacia un modelo de contratación y soberanía estatal, promoviendo la planificación participativa del territorio y el reconocimiento de derechos bioculturales.
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Ordenamiento Territorial: Creación de Zonas Aptas y Zonas Excluidas de la Minería, armonizadas con el Decreto 044 del Ministerio de Ambiente (exclusión temporal para evaluar viabilidad ecosistémica).
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Sustancias Tóxicas y Carbón: Prohibición absoluta del mercurio y cierre progresivo de minas a cielo abierto, restringiendo el otorgamiento de nuevos títulos para la explotación de carbón térmico.
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Formalización y Apoyo Social: Reconocimiento de los mineros tradicionales mediante asistencia técnica y financiera, buscando romper la dependencia de economías ilícitas de extracción.
Sin embargo, el proyecto enfrenta un intenso rechazo gremial. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) ha manifestado que la propuesta "estatiza la actividad minera, genera inseguridad jurídica y desincentiva la inversión extranjera", lo que podría derivar en una fuga de capitales y en el incremento de la extracción ilícita en regiones vulnerables por falta de alternativas productivas reales.
La gobernanza democrática exige que las comunidades dejen de ser meros receptores de decisiones corporativas. En Colombia conviven actualmente 16 dispositivos, instancias y espacios formales de participación relacionados con el sector. El OGME ha puesto especial atención en el balance de dos innovaciones recientes:
Institucionalizadas mediante las Resoluciones 1099 de 2023 y 558 de 2024 de la ANM, las APM buscan responder a la Sentencia SU-095 de 2018 para garantizar la coordinación y concurrencia. Entre 2017 y 2025, se realizaron 266 audiencias públicas mineras en 209 municipios de 27 departamentos, registrando un repunte histórico tras su reglamentación.
Aunque la oposición radical representa solo el $7.3\%$, el $53\%$ de los participantes manifiesta "preocupaciones generales o con oposición moderada", condicionando la viabilidad de los proyectos a la protección estricta del agua, la asignación de mano de obra local y el control de la minería ilegal. Los principales compromisos logrados son la adopción del Plan de Gestión Social (PGS) vinculado directamente al título de concesión ($89$ casos) y la designación de un Enlace Socioambiental de la ANM ($82$ casos). No obstante, el OGME señala que el mecanismo tiene un techo bajo: mientras la ANM conserve el poder exclusivo de titulación sin carácter resolutivo o vinculante del acta, las APM seguirán representando una forma de participación simbólica.
Creados por la Ley 2294 de 2023 y reglamentados mediante el Decreto 0977 de 2024, los DMEDP son instrumentos de planificación socioambiental. La UPME ha proyectado la delimitación de 21 distritos bajo dos enfoques: formalización minera (en el Pacífico y occidente) y Transición Energética Justa (en el centro y norte del país).
La ruta de consolidación prevé la ejecución de 7 escenarios de participación ciudadana. Sin embargo, el análisis del Observatorio revela un retraso crítico en la implementación:
| Escenario de la Ruta UPME | Propósito Declarado | Avance Real (Sobre 21 Distritos) | Alertas Identificadas por el OGME |
|---|---|---|---|
| Cumbres de Minería | Diagnóstico multiactor y cartografía social de conflictividades. | 8 realizadas ($38\%$ de avance). | Se suspendieron por completo durante 2025. Solo cubren formalización. |
| Encuentros Territoriales | Feria de servicios institucionales y trámites minero-ambientales. | 12 realizados ($57\%$ de avance). | Concentrados exclusivamente en distritos de formalización tradicional. |
| Semilleros de Mujeres | Fortalecimiento organizativo de lideresas como sujetas políticas. | Solo 2 realizados ($9.5\%$ de avance). | Representa el mayor rezago en inclusión y enfoque diferencial. |
| Comités de Impulso | Gobernanza participativa local para formular el Plan de Gestión. | 4 realizados ($19\%$ de avance). | Registrados de forma aislada en Boyacá. |
| Talleres de Diversificación | Identificar potenciales alternativos en turismo, agro y circularidad. | 5 realizados ($24\%$ de avance). | Detenidos durante el año 2025; baja articulación efectiva. |
| Talleres Preparatorios PEG | Diálogo institucional directo con equipos de alcaldías. | 5 realizados ($24\%$ de avance). | Solo el distrito del Bajo Cauca Antioqueño ha iniciado formalmente su PEG. |
El OGME concluye que la participación en los DMEDP es de carácter predominantemente consultivo. Existe una contradicción estructural: las Mesas de Trabajo Interinstitucionales y Sociales (MTIS), encargadas de gobernar los distritos, excluyen formalmente a las organizaciones comunitarias y ciudadanas en sus decretos de conformación, delegándoles únicamente un rol de promoción o invitación pasiva.
La protesta social constituye una forma de participación legítima cuando los canales institucionales formales resultan insuficientes o ineficaces. Durante 2025, el OGME documentó de forma sistemática 18 movilizaciones sociales distribuidas en 11 departamentos del país.
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Focos de Concentración: Los departamentos de Meta, Putumayo y Huila concentraron el $47.3\%$ de los casos, coincidiendo con zonas de madurez de campos petroleros tradicionales y fuerte presencia de actores armados ilegales.
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Recurso en Disputa: El $44.4\%$ de las protestas estuvo motivado por la actividad de petróleo/hidrocarburos, seguido por un $16.6\%$ ligado al carbón y un $16.6\%$ a la minería metálica general.
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Repertorios Confrontativos: El $78\%$ de las movilizaciones acudió a acciones de confrontación directa (bloqueos de vías principales, huelgas y tomas de plantas), mientras que el $22\%$ utilizó repertorios expresivos.
Un hallazgo crítico del informe es la emergencia de la Transición Energética como nueva frontera de conflictividad. Movilizaciones como el rechazo de las comunidades indígenas en Putumayo frente a las resoluciones de la ANM que priorizan la extracción de cobre, o las protestas de transportadores de carbón en Norte de Santander exigiendo garantías de reconversión laboral, evidencian que si la transición energética no incorpora mecanismos robustos de diálogo y gobernanza real, terminará replicando las lógicas de exclusión y despojo del extractivismo tradicional.
La capacidad de control social y veeduría ambiental en Colombia se encuentra bajo una amenaza latente. El Monitor CIVICUS (2025) califica el espacio cívico del país como "reprimido" (37 puntos sobre 100), reflejando el clima de violencia, estigmatización y riesgos de seguridad física que asumen quienes lideran causas ambientales.
A pesar de la ratificación del Acuerdo de Escazú (Ley 2273 de 2022), las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Minas y Energía durante 2025 revelaron que la implementación del tratado en el sector es incipiente. No se cuenta con una hoja de ruta operativa, existen graves vacíos de investigación técnica (como los impactos en salud de líneas de transmisión de alta tensión) y persiste un lenguaje altamente especializado que limita la comprensión ciudadana.
En el plano de la transparencia fiscal, el panorama es aún más preocupante. En junio de 2025 se publicó el Informe Contextual de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) de la vigencia 2022 bajo la modalidad de "informe flexible". El Secretariado Internacional redujo la calificación de Colombia a "progreso moderado", alertando sobre retrocesos en el requisito de Gobernanza del Grupo Multipartícipe debido a la fragilidad operativa del pilar de la sociedad civil.
Esta fragilidad estructural se consumó dramáticamente a inicios del año 2026, cuando la **Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas anunció la suspensión indefinida de sus labores**. A diferencia de los gremios empresariales (ACP, ACM) y de la coordinación nacional ejercida por el Ministerio de Minas, que poseen financiación permanente, las organizaciones sociales dependen exclusivamente de proyectos de cooperación internacional temporales, lo que imposibilita sostener veedurías constantes.
Como respuesta a la exclusión en los diálogos nacionales que formularon la Hoja de Ruta para la Transición Energética, Foro Región Central acompañó la formulación de Agendas Ciudadanas locales bajo el enfoque metodológico de la Investigación Acción Participativa (IAP):
📋 Agenda de Transición Energética Justa en Putumayo
Amazonía fue marginada de los debates de la Hoja de Ruta nacional (con solo 4 asistentes en Bogotá). El proceso articuló a 35 líderes de 8 municipios (campesinos, indígenas, víctimas, excombatientes firmantes de paz). El diagnóstico evidenció la paradoja del territorio: a pesar de la extracción de crudo, Putumayo vive en extrema injusticia energética (la cobertura rural es del $49\%$ y más del $78\%$ de las viviendas carecen de conexión a gas natural residencial). Tras consolidar la agenda bajo cuatro dimensiones (seguridad energética, conservación, sector productivo y participación), los líderes sostuvieron un diálogo nacional directo en mayo de 2025 con ministerios y agencias reguladoras (ANH, ANM, ANLA) para articular sus demandas.
🌱 Agenda Post-Petróleo para el Departamento del Meta
Meta concentró más del $57\%$ de la explotación petrolera en 2025 ($427,000$ barriles diarios). El proceso se enfocó en formular propuestas de diversificación productiva y económica de largo plazo ante el agotamiento de reservas. Con la participación de líderes de 12 municipios articulados en tres núcleos (Puerto Gaitán, Villavicencio, Granada), se construyeron alternativas viales, agroecológicas y de turismo sostenible. Para democratizar este conocimiento, las propuestas técnicas de la agenda fueron traducidas a un lenguaje didáctico mediante un cómic pedagógico, distribuyéndolo ampliamente en escuelas y organizaciones rurales de la orinoquía para mitigar el desgaste de la sobre-socialización técnica corporativa.
Referencias Bibliográficas
- • Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2025). Estadísticas de Producción y Sistemas Integrados de Operaciones. República de Colombia.
- • Asociación Colombiana de Minería. (2026). Carbón 2025: Mayor consumo mundial, menor producción local. acmineria.com.co
- • CIVICUS Monitor. (2025). Estado del espacio cívico en Colombia. monitor.civicus.org
- • Corte Constitucional de Colombia. (2018). Sentencia de Unificación SU-095/18. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
- • Ecopetrol. (2026). Informe de Incorporación de Reservas Probadas de la Vigencia 2025. Bogotá: Ecopetrol S.A.
- • Foro Nacional por Colombia & Transparencia por Colombia. (2025). Informe sobre el estado de la sociedad civil en Colombia 2025 — Informe Enfoque País. Bogotá: FNC / TPC.
- • FRC, García-Espinosa, M., Triana, C., Torres, E., & Jiménez, L. F. (2025). Diagnóstico de condiciones para la Transición Energética Justa del departamento del Putumayo. Fundación Foro Nacional por Colombia - Capítulo Región Central.
- • FRC, Ulloa, N., & Hartmann, D. (2025). Agenda post-petróleo para el departamento del Meta. Villavicencio: Foro Región Central.
- • Ministerio de Minas y Energía / Mesa de la Sociedad Civil. (2025). Informe Contextual EITI Colombia 2022 (Vía Modalidad Flexible). Bogotá: Ministerio de Minas y Energía.
- • Ministerio de Minas y Energía. (2025). Segundo Informe sobre pobreza energética multidimensional en Colombia 2025 (IPEM). minenergia.gov.co
- • Unidad de Planeación Minero Energética. (2025). Guía metodológica para la delimitación y consolidación de los Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva (DMEDP) TOMO I y II. upme.gov.co
